Desde el pasado año y a consecuencia del COVID, Renfe estaba haciendo uso de sus cientos de cámaras en funcionamiento y tecnología de inteligencia artificial para tener controlado el aforo de sus estaciones de Cercanías, evitar aglomeraciones en tiempo real y también mejorar la gestión de los propios trenes.

Aunque tampoco tenemos claro que la puntualidad de los trenes haya mejorado gracias a este sistema, parece que les ha gustado el sistema ya que el pasado 17 de febrero se abría una licitación de un contrato por valor de 781.000 euros, cuantía con la que el adjudicatario deberá «desarrollar un sistema de análisis de imágenes con el fin de disponer de una plataforma que sirva a la compañía para anticiparse a incidentes en sus instalaciones… a través la creación de un sistema de software para detectar y segmentar, en sus instalaciones, a los usuarios según su género, la edad, el origen étnico, el tipo de ropa o el estado de ánimo» 

Pocas horas después de la publicación de la noticia de El Confidencial el contrato público desapareció. Según fuentes de Renfe se retiró el anuncio para estudiar de nuevo la demanda de software.

Según el documento la innovación tenía que estar disponible en las cámaras de 25 estaciones de Madrid, Catalunya, Valencia, País Vasco y Málaga.

Por lo que parece la licitación del software y su sesgo racista ha generado controversia entre expertos y juristas. Al mismo tiempo el software choca con las normativas europeas que no permiten recabar datos de este modo. Port otro lado, también generaba suspicacias que la tecnología pudiese determinar el estado de ánimo de un viajero.

De hecho hoy mismo, setenta personas del ámbito académico entre las que se encuentran investigadores, filósofos, sociólogos, catedráticos y profesores de filosofía, computación y ciencias sociales que han firmado una carta abierta al Gobierno de España pidiendo, en primer lugar, una comisión de investigación independiente sobre el tema. Esta comisión podría estudiar la necesidad de establecer una moratoria en el uso y comercialización de sistemas de reconocimiento y análisis facial en nuestro país.

La paralización de los proyectos por parte de empresas públicas y privadas sería necesaria hasta que las Cortes Generales y las instituciones legislativas europeas debatan cuáles, de qué manera, en qué condiciones, con qué garantías y con qué objetivos debe permitirse, si cabe, el uso de estos sistemas.